La situación de desigualdad de las mujeres en relación al hombre es una cuestión no superada. En las áreas rurales esa condición injusta es todavía más profunda y cuanto más pobre sea su comunidad, como regla, mucho mayor será aún ese abismo.

Además del escaso acceso a los recursos naturales y económicos, las mujeres trabajadoras rurales enfrentan dificultades que van desde derecho a la documentación civil y laboral, hasta la limitada gestión de la producción debido a las relaciones de poder en el interior de las familias y el también limitado acceso a los programas y políticas de la agricultura familiar y reforma agraria. El estado todavía no les garantizó plenamente en el interior del bloque, en parte por legislaciones y procedimientos que limitan su participación debido a la ausencia del reconocimiento mayor de las desigualdades.

No tener documentos significa estar excluida de los contextos institucional, social y político, lo que a su vez significa que esas mujeres indocumentadas o con documentación incompleta, a pesar de ser agricultoras, están incapacitadas al acceso a la reforma agraria, al sistema de crédito agrícola o programas de apoyo a la Agricultura Familiar y, hasta inclusive, a derechos sociales básicos como aquellos de orden laboral o previdenciario.

Se ignoran en esta coyuntura la contribución de las mujeres en la economía rural como trabajadora no remunerada en la unidad productiva.

El patriarcado predominante, y mucho más fuerte en las áreas rurales que en los centros urbanos, hace visible la marca profunda de la desigualdad, siempre caracterizando el trabajo femenino como complementario, la “ayuda de la mujer”, a pesar de que estas tengan centralidad en la producción de alimentos.

La REAF entiende que las relaciones de género constituyen un elemento integrante de las políticas diferenciadas, defendidas para la agricultura familiar en el bloque, y pasan por todos los temas debatidos en esta área, recomendando incentivar a los Estados Parte a promover acceso igualitario de las mujeres a la tierra, disminuir la ausencia de documentación civil y laboral y promover políticas especiales de crédito para las mujeres de la agricultura familiar y acceso igualitario a la tierra en los programas de reforma agraria. Este trabajo, de buscar que los Estados Parte promuevan políticas de igualdad de género en las políticas para la agricultura familiar y reforma agraria, se dio en coordinación con la Reunión Especializada de la Mujer (REM).

Esos puntos comienzan por la ampliación del acceso de las mujeres agricultoras familiares y trabajadoras rurales a los programas de crédito y comercialización, pasando por la garantía de que la titulación de la tierra obligatoriamente conjunta para hombres y mujeres en países que cuentan con programas de reforma agraria, por la promoción del derecho de identificación civil y laboral, de forma gratuita, para asegurar condiciones básicas de acceso a las políticas públicas, y el desarrollo de programas nacionales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el campo, con especial atención a la capacitación de las agricultoras y trabajadoras rurales sobre sus derechos y sobre las políticas específicas en su región.

Sus objetivos generales son el de consolidar la institucionalidad necesaria al diseño e implementación de políticas dirigidas a las mujeres rurales en los ministerios de agricultura y/o de desarrollo agrario del MERCOSUR, de fortalecer la integración de organizaciones de mujeres rurales para participar en los debates sobre políticas públicas y comercio, en los marcos de la REAF y de elaborar medidas de acción afirmativa de los mecanismos de integración del comercio en la región.